La compra 2.500 pares de zapatillas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia quedó envuelta en una polémica y bajo sospechas, a partir del planteo de una de las firmas que participó del cotejo de precios organizado por la cartera de Lorena Málaga.
El procedimiento comenzó en noviembre, cuando por instrucciones de la ministra se dio inicio a la compra de las zapatillas de lona con punta de goma y cordones de color blanco/azul. Para asistir a “personas de alta vulnerabilidad social” se requirieron 125 pares de cada talle, entre los números 24 al 45. El 8 del mes pasado, según consta en el acta de apertura de ofertas, se presentaron cuatro propuestas: Sucesión de Kotler Luis Jaime, Guillermo Saccomani y Carlos María Saccomani, José Alberto Asfoura y Fuad Asfoura e Hijos.
Los presupuestos presentados fueron muy variados: Sucesión de Kotler cotizó las zapatillas en $ 6,3 millones, la firma Saccomani en poco más de $ 5 millones, José Asfoura en casi $ 4 millones y Fuad Asfoura en unos $ 2,2 millones.
Finalmente, la comisión de Preadjudicación de Desarrollo Social que integraron Fernanda Barrera, Silvia Bonadeo y Agustín Peñalba aconsejó –de manera no vinculante- realizar la operación con la empresa Sucesión de Kotler, que había presentado la oferta más onerosa. “Se aconseja pre-adjudicar por cumplir con las exigencias estipuladas en las invitaciones y porque el precio se encuentra dentro de los valores del mercado, tal como surge de la comparativa con los precios de referencia de mercado informados por la Dirección de Compras y Contrataciones, Esta Comisión entiende que en el caso particular, la calidad del producto preadjudicado, tal como se mencionó en el Acta de Análisis de Muestras, es ampliamente superior a la de sus competidores lo que incide principalmente en la durabilidad del producto y en el impacto en la salud de futuros usuarios. Asimismo la diferencia de precios no se aprecia sino en los números de talle 34-43 siendo la diferencia de precio inferior al 12% del precio de su competidor ($ 52.480) y menos del 15% del precio más bajo ($52.400)”, se lee en el expediente N° 18650/425-GA-2022.
En el análisis de los productos presentados por las empresas oferentes, los miembros de la comisión hicieron algunas observaciones sobre la calidad de las zapatillas correspondientes a Saccomani. Entre otras cuestiones, advirtieron que “la planta de la zapatilla se encuentra pinchada”, que “la planta de la zapatilla es la más fina”, y que se “desprenden los ojalillos de metal”, Días después, el 14 de noviembre y a requerimiento de la Comisión, la firma envía una nota aclaratoria y detalla la marca de los calzados. En sus observaciones, los funcionarios del Ministerio remarcan que “el borde lateral de la zapatilla se encuentra dañado”.
El procedimiento siguió su curso y este miércoles 13 de diciembre, casi un mes después, se abrió una polémica a partir de aquellas objeciones de la comisión de Preadjudicación a los productos ofrecidos por Saccomani. La empresa, mediante dos notas formales, advirtió a la ministra Málaga con iniciar acciones legales y solicitó que se le devuelvan las zapatillas presentadas en noviembre.
Mediante un texto, Guillermo Rodolfo Saccomani pide el reintegro de las muestras presentadas en su momento con remito de muestra recibido por Natalia Paz, sin observaciones con respecto a la misma, según remito que adjunto”. En la otra nota, plantea sus dudas sobre lo acontecido. “El 13 de diciembre retiré las muestras entregadas en la presente compra, observando que las mismas fueron adulteradas razón por la cual no fui adjudicado ya que la comisión de preadjudicación encabezada por Fernanda Ibarra aduce la mala calidad de las mismas y que presentan roturas", expuso. “Es importante aclarar que la muestra se encontraba en perfecto estado al momento de la apertura de sobres como lo refleja el acta de apertura del 8/11/22”, añadió, y adjuntó el remito sin observación.
Finalmente, requirió a la ministra que revea la adjudicación a la firma Sucesión de Kotler. “Solicito se revea la presente adjudicación o bien tomaré las acciones judiciales correspondientes, ya que no sólo se trata de una compra sino que aducir la mala calidad de un producto sin bases sustentables perjudica a la fábrica, la cual exige respuestas concretas de lo sucedido”, advirtió la empresa.
Ante una consulta de LA GACETA, en el Ministerio se limitaron a responder que el expediente pasó por los controles del Tribunal de Cuentas y que se trata de un recurso de reconsideración presentado por una empresa.